COLUMNA POLITICA…..BC DIGITAL
Para el lector que desayuna, come y cena política en Baja California, es evidente que el reloj del estado no marca el año 2026, sino que ya va adelantado al 2027. La efervescencia no es para menos. El movimiento oficialista vive una metamorfosis donde la principal batalla ya no se da contra las debilitadas siglas de la oposición tradicional, sino en las entrañas de sus propias corrientes. Quien entendió esto a la perfección fue el delegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien en los últimos días armó una jugada discursiva de alta escuela en Tijuana y Mexicali. Bajo el cobijo del taller «Antecedentes Históricos de la Cuarta Transformación», congregó a una militancia que reclama identidad. El mensaje entre líneas fue potente: al sentar a su mesa a pilares históricos de la izquierda bajacaliforniana como José Luis Pérez Canchola y Javier González Monroy, Ruiz Uribe no solo rindió un homenaje; blindó su narrativa de legitimidad moral frente a los grupos de cuño reciente y advenedizos que hoy saturan las oficinas gubernamentales. En un entorno donde las disputas internas arrecian y los golpes bajo la mesa tocan lo privado, apelar a la pureza del origen democrático y agradecer públicamente la apertura de figuras institucionales de la dirigencia partidista es una declaración de resistencia.
Mientras el delegado federal busca el anclaje ideológico en las bases, desde la Cámara de Diputados en San Lázaro, el morenista Armando Fernández Samaniego prefirió jugar la carta del realismo político ante el influyente Grupo Madrugadores de Mexicali. Samaniego puso el dedo en la llaga al reconocer abiertamente el costo político que el «efecto Sinaloa» y los señalamientos al gobernador Rubén Rocha Moya le están endosando a la marca guinda a nivel nacional y local. El diputado sabe que las narrativas opositoras de la «narco-presidencia» calan en sectores urbanos de la frontera y, por ello, lanzó un llamado de alerta a los suyos para salir a defender el proyecto con argumentos y no con dogmas. Pero el verdadero buscapiés de Samaniego fue hacia el interior: su dura exigencia de mantener «piso parejo», frenar el condicionamiento de programas sociales y prohibir el uso de despensas oficiales con tintes electorales, es una radiografía exacta del fuego amigo y las tensiones que ya fracturan la convivencia de las tribus gubernamentales en los siete municipios.
En el plano de los gobiernos municipales, la tónica de supervivencia ha dictado estrategias muy dispares. En Mexicali, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez está enfocándose puramente en la gestión: bacheo, luminarias y seguridad. Al mantenerse conscientemente al margen de las «grillas» sucesorias de su partido, Bustamante no solo preserva su capital político intacto, sino que se vuelve indispensable por su estabilidad administrativa. Una ruta paralela a la de la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien sigue apostando por la oxigenación de su gabinete mediante la colocación estratégica de perfiles jóvenes en segundas líneas, una escuela de cuadros que busca consolidar lealtades transexenales. En Tijuana, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz busca legitimarse a través de la foto de la pacificación y la alianza con el sector empresarial, un blindaje pragmático en la plaza más compleja del estado, mientras que a nivel federal, la sombra de operadores colmilludos como Fernando Castro Trenti sigue moviendo los hilos de la ingeniería legislativa en las reformas que buscan acotar los financiamientos locales.
Por el lado de la oposición, el panorama es un claroscuro de nostalgia y canibalismo interno. En el Partido Acción Nacional (PAN), la falta de un liderazgo aglutinador los ha llevado a activar una pasarela de nombres que van desde la militancia tradicional hasta el fenómeno mediático, soltando globos de sonda con figuras como Margarita Flores, el comunicador Gustavo Macalpin, el exalcalde Héctor Osuna Jaime y la senadora Gina Cruz Blackledge. El panismo bajacaliforniano se debate entre abrir las ventanas a la ciudadanía o refugiarse en sus viejos cuadros, sabiendo que el tiempo apremia si quieren capitalizar el desgaste natural del ejercicio del poder oficialista. No la tienen fácil en un estado donde el apellido Hank y sus satélites locales siguen jugando a la periferia, listos para vender caro su amor en la negociación de futuros bloques de votación.
Sin embargo, la verdadera nota roja de la oposición de la semana la dio Movimiento Ciudadano en la capital del estado. Lo que se venía cocinando como una diferencia de criterios estalló en una ruptura formal con la renuncia en bloque de la excandidata Argelia Núñez García y un nutrido contingente de su estructura en Mexicali. Al portazo le siguió una acusación directa y demoledora: la falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros del partido. La respuesta de la diputada local Daylín García Ruvalcaba intentó contener el daño minimizando las bajas y presumiendo un padrón de 500 nuevos militantes, una respuesta puramente matemática que esquivó el fondo del reclamo financiero. El trasfondo es nítido: el partido naranja en la Baja vive una rebatinga interna por el control de la franquicia rumbo al 2027, una disputa donde la sombra y el peso empresarial del diputado plurinominal Gustavo de Hoyos Walther modifican las coordenadas del poder interno.
El escenario local, por tanto, se encuentra atrapado en una paradoja. Mientras los actores de todos los colores ya se reparten las candidaturas del futuro, el pulso de la calle dice otra cosa. El descontento y enojo social en el sector agrícola del Valle de Mexicali, que ya amenaza con escalar sus protestas a nivel nacional boicoteando eventos de alto impacto mediático, sumado a los reclamos de transportistas, maestros y profesionistas, evidencia una peligrosa desconexión. La clase política bajacaliforniana parece sumergida en las reglas del blindaje que se dictan desde la Ciudad de México, como la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el INE fiscalice con lupa los perfiles y evitar la filtración del crimen, pero en el terreno local, el verdadero reto de los grupos en pugna, desde los históricos de Ruiz Uribe hasta los nuevos rostros del poder, será demostrar que sus proyectos de continuidad o alternancia tienen respuestas reales para una ciudadanía que ya se cansó de ver cómo se juega al ajedrez con el presupuesto público.