El Congreso de Baja California ha impulsado en fechas recientes una serie de iniciativas legislativas que abordan temas prioritarios como el combate al fraude, la mejora de la seguridad pública, la atención al autismo, la protección laboral frente a climas extremos, el acceso al ejercicio profesional para recién egresados y la fiscalización de organismos públicos.
Estas propuestas, promovidas por distintos diputados, reflejan un enfoque integral de protección ciudadana, transparencia institucional y fortalecimiento del estado de derecho. En materia de justicia, la diputada Dunnia Montserrat Murillo propuso una reforma al Código Penal estatal para sancionar con hasta 12 años de cárcel y multas económicas el fraude cometido contra cajas de ahorro, particularmente aquellas que afectan a trabajadores y jubilados.
La iniciativa busca frenar los despojos a través de una protección legal más severa, al considerar que estos delitos vulneran directamente el patrimonio de personas que han entregado su vida al trabajo. En el ámbito de la seguridad pública, el diputado Jorge Ramos Hernández planteó reformar la Ley de Hacienda Municipal con el objetivo de incorporar una tasa adicional en los ingresos municipales. Esta fuente de financiamiento se destinaría exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad y la prevención del delito, ante la desaparición del programa federal FORTASEG.
La propuesta busca dotar de mayor autonomía financiera a los municipios y fortalecer la estrategia enfocada en combatir las causas estructurales de la violencia. En cuanto a temas de salud y educación, la diputada Michelle Tejeda presentó una reforma a la Ley de Atención a Personas con Autismo para establecer campañas permanentes de información y detección temprana del TEA. La iniciativa subraya la necesidad de garantizar atención oportuna a los menores diagnosticados, ante el aumento del 34% en casos reportados por la Secretaría de Educación.
Por otro lado, el diputado Jaime Cantón Rocha propuso una reforma a nivel federal para proteger a los trabajadores expuestos a temperaturas extremas, mediante capacitación, provisión de equipo de seguridad y el pago de una prima de riesgo. La medida busca reconocer legalmente las afectaciones físicas y mentales derivadas del cambio climático y establecer una compensación justa, lo que fue respaldado por la Comisión de Gobernación con una votación unánime en el Congreso local.
En apoyo a los jóvenes profesionistas, se aprobó una reforma al artículo 19 de la Ley de Ejercicio de las Profesiones, que permite a los recién egresados ejercer su carrera con una autorización provisional de hasta tres años mientras tramitan su título. La diputada Adriana Padilla, promotora de esta iniciativa, destacó que la medida responde a barreras económicas y burocráticas que impiden una titulación inmediata.
Finalmente, la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por la diputada Alejandra Ang Hernández, solicitó al Ayuntamiento de Mexicali un informe detallado sobre la situación del Patronato Alianza Empresarial para la Seguridad Pública. Desde 2020, el organismo ha sido objeto de observaciones por presunto daño patrimonial y omisiones financieras. Pese a exhortos previos, no ha entregado información clara ni cumplido con auditorías, lo que motivó nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas por parte del Poder Legislativo