El Congreso del Estado de Baja California desarrolló en los últimos días una serie de acciones legislativas relevantes en temas de fiscalización, política social, vivienda, infraestructura y combate a la corrupción. A través de comisiones y sesiones plenarias, las diputaciones abordaron iniciativas que reflejan un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la gestión de recursos públicos, atender demandas sociales urgentes y adecuar el marco normativo estatal a problemáticas contemporáneas.
Desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto se aprobaron reformas clave como la exención de pagos por trámites de construcción en vivienda social en Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como la desincorporación de predios públicos en favor del IMSS-Bienestar. Asimismo, se autorizó una transferencia presupuestal al ITAIPBC para cubrir indemnizaciones derivadas de su reestructuración institucional.
En materia de fiscalización, la Comisión correspondiente rechazó las cuentas públicas de diversas entidades, como el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate (IMACTE), la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y Proturismo de Ensenada, debido a observaciones relacionadas con retenciones no reportadas, omisiones fiscales, deficiencias en matrices de indicadores y pasivos acumulados. En contraste, se reconoció a organismos como COPLADEM Rosarito y CONALEP por obtener evaluaciones positivas.
Entre las iniciativas de impacto social destaca la presentada por el diputado Danny Mogollón, orientada a establecer una política integral de atención a familiares de personas desaparecidas. Esta incluye atención psicológica, apoyo económico temporal, acompañamiento jurídico y reconocimiento legal de los colectivos de búsqueda como actores clave en la respuesta institucional.
También se abordaron temas de responsabilidad pública, con la propuesta de reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar el enriquecimiento ilícito de servidores públicos mediante inhabilitación, especialmente cuando existan sentencias por juicios políticos que revelen daño al interés público o a la administración estatal.
En cumplimiento de obligaciones constitucionales, el Congreso realizó exámenes toxicológicos a legisladoras, legisladores y personal directivo. De las 25 diputaciones, 23 se presentaron puntualmente y todas las pruebas resultaron negativas a sustancias prohibidas. Las ausencias fueron justificadas y reagendadas para su posterior aplicación.
En otro frente, la legisladora Daylín García Ruvalcaba exigió atención urgente de la Comisión Federal de Electricidad ante los apagones en Mexicali, solicitando mayor transparencia sobre la infraestructura energética y proponiendo un ajuste en el subsidio de verano para proteger el bienestar de las familias ante las altas temperaturas. Finalmente, se presentó una iniciativa para regular el mercado de renta de viviendas, ante el creciente encarecimiento del arrendamiento. Esta propuesta, impulsada por el diputado Jaime Cantón, plantea limitar los aumentos de renta conforme al índice inflacionario, además de crear un registro estatal y formalizar los contratos como medidas para evitar abusos y garantizar el derecho a una vivienda digna