En un ejercicio legislativo de amplio alcance, el Congreso del Estado de Baja California aprobó y discutió iniciativas fundamentales en materia de igualdad de género, fiscalización, protección de derechos de la niñez y fortalecimiento del sistema educativo. Las decisiones y propuestas impulsadas por distintas comisiones y diputadas y diputados de la XXV Legislatura reflejan un enfoque integral para atender problemáticas sociales urgentes y construir un marco normativo que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Uno de los avances más relevantes fue la aprobación unánime de la creación de la Secretaría de las Mujeres, propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda. Esta nueva dependencia sustituye al Instituto de la Mujer y tendrá atribuciones ampliadas para diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas con enfoque de género. Con esta reforma también se modificaron siete leyes estatales, lo que permite integrar transversalmente la perspectiva de género en la planeación, presupuestos y programas estatales.
Como parte de las acciones para visibilizar y legislar sobre nuevas formas de violencia, se llevó a cabo el foro “Cuando el control se disfraza de…”, organizado por la diputada Michel Sánchez. Este espacio reunió a especialistas, víctimas y representantes institucionales para abordar el fenómeno de la manipulación coercitiva. Se destacó la importancia de contar con un marco legal que reconozca y sancione estas prácticas, que afectan principalmente a mujeres y que suelen pasar desapercibidas dentro del sistema de justicia.
Durante el foro, el penalista Carlos Bardavío, experto en legislación sobre coerción psicológica, expuso que en países como España y Francia ya se han aprobado leyes al respecto y presentó una propuesta adaptada al contexto mexicano. Parte de su planteamiento fue tomado en cuenta para la reforma a la Ley General de Trata de Personas en 2024. El Congreso recogió testimonios de víctimas para elaborar un diagnóstico local que sirva de base a una futura iniciativa estatal.
En otro frente, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público presentó más de cien dictámenes sobre cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023. Entre las cuentas reprobadas se encuentran las de PRODEUR en Playas de Rosarito y del Ayuntamiento de Tijuana, así como las del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, IMMUJER Tecate y el DIF de ese mismo municipio. Estas resoluciones reflejan un esfuerzo por asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas a nivel local.
Paralelamente, el Congreso exhortó al Poder Judicial del Estado a integrarse de inmediato al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de hacer efectivas las sanciones contra deudores morosos. La diputada Michel Sánchez advirtió que esta omisión impide la aplicación de la llamada “Ley Sabina” y revictimiza a niñas, niños y adolescentes, así como a madres jefas de familia, al no contar con herramientas efectivas para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
En materia educativa, el diputado Ramón Vázquez propuso reformas a leyes federales y locales para establecer requisitos de integridad y legalidad para el ingreso y permanencia en el sistema educativo estatal. La iniciativa busca garantizar que quienes aspiren a cargos docentes o administrativos no tengan antecedentes penales ni aparezcan en registros como deudores alimentarios, en cumplimiento con los principios de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Con estas acciones, la XXV Legislatura del Congreso de Baja California consolida una agenda legislativa que abarca temas de gran impacto social, desde el fortalecimiento institucional para la igualdad de género, hasta el impulso a la legalidad en el sistema educativo y la mejora de los mecanismos de fiscalización. Todo ello con el objetivo de generar un entorno más justo, equitativo y transparente en la entidad.