En el Congreso del Estado de Baja California, diputadas y diputados de distintos partidos han impulsado recientemente una serie de reformas legislativas que abordan problemáticas de alto impacto social como la violencia económica hacia las mujeres, el abandono institucional, el acceso a vivienda justa, el divorcio sin expresión de causa, el robo con violencia y la disciplina presupuestaria en iniciativas. Estas propuestas reflejan un esfuerzo por modernizar el marco legal estatal, atender rezagos históricos y responder a demandas ciudadanas que exigen mayor justicia, equidad y responsabilidad pública.
En materia de derechos de las mujeres, el diputado Ramón Vázquez Valadez propuso una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar el concepto de violencia económica. Esta iniciativa busca visibilizar prácticas como impedir que las mujeres trabajen, controlar sus ingresos o forzarlas a trabajar sin pago en negocios familiares, lo que limita su autonomía y desarrollo. El legislador subrayó que estas formas de violencia siguen siendo poco denunciadas, aunque afectan profundamente la libertad económica y emocional de muchas mujeres.
Por su parte, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa que pretende eliminar las causales de divorcio en el Código Civil de Baja California. Inspirada en el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, la propuesta permitiría disolver el vínculo matrimonial con la sola manifestación de voluntad, sin tener que justificarlo ante el Estado. Padilla argumentó que este cambio desburocratiza el proceso, reduce el desgaste emocional y dignifica la libertad individual, en línea con criterios de la Suprema Corte y prácticas ya adoptadas por otras entidades federativas.
En el ámbito de la seguridad, la diputada Montse Murillo propuso una reforma al Código Penal para que más casos de robo calificado se sancionen como robo con violencia. Ante un aumento del 24% en estos delitos durante 2024, la legisladora destacó que el impacto del robo violento va más allá de la pérdida material, afectando gravemente la salud física, psicológica y social de las víctimas. También hizo un llamado a fortalecer una política de seguridad integral que articule esfuerzos de los distintos niveles de gobierno.
La diputada Mayola Gaona presentó una innovadora propuesta para tipificar el abandono institucional como delito en el Código Penal. La reforma busca sancionar con penas de hasta seis años de prisión a servidores públicos que omitan deliberadamente brindar servicios esenciales, como salud, seguridad o alumbrado, generando riesgos para la ciudadanía. La legisladora del PAN señaló que no se trata solo de castigar, sino de dignificar el servicio público y hacer justicia a comunidades que han sido ignoradas por años.
Desde el ámbito económico y social, el diputado Eligio Valencia propuso el Esquema Estatal de Rentas Reguladas, una medida voluntaria para que propietarios e inquilinos acuerden precios justos de renta con beneficios mutuos. El esquema busca enfrentar el alza desmedida en los precios de vivienda, proteger el derecho a una vivienda adecuada y reducir conflictos legales, al mismo tiempo que promueve contratos formales que combatan la informalidad en el mercado de arrendamiento.
Finalmente, la diputada Julia González propuso una reforma para que todas las comisiones del Congreso puedan identificar si las iniciativas requieren un estudio de impacto presupuestario. Esto permitiría que la Secretaría de Hacienda del Estado emita una opinión técnica antes de dictaminar una propuesta que implique costos, garantizando así la viabilidad financiera de las leyes y promoviendo un ejercicio responsable del gasto público en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
Estas propuestas legislativas muestran un panorama activo y comprometido en el Congreso de Baja California, donde distintas fuerzas políticas, pese a sus diferencias ideológicas, coinciden en la urgencia de fortalecer los derechos humanos, garantizar la justicia social y promover un marco institucional más transparente y funcional. Las iniciativas abarcan áreas diversas pero complementarias: desde la defensa de la autonomía femenina y la dignidad en los procesos personales, hasta la exigencia de responsabilidades claras a los servidores públicos y la protección del derecho a la vivienda en contextos urbanos críticos.