COLUMNA POLITICA…..BC DIGITAL
En la última semana, el escenario político de Baja California ha entrado en una fase de «madurez forzada», donde el entusiasmo de los nuevos mandatos empieza a ceder ante la exigencia de resultados palpables. El ambiente se percibe denso, no por una ruptura evidente, sino por la acumulación de temas críticos. En este tablero, la legitimidad ya no se construye solo con discursos, sino con la gestión eficiente de las crisis. Se nota un esfuerzo por parte de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por proyectar una imagen de control técnico y preventivo, intentando demostrar que la maquinaria gubernamental puede ser tan dinámica como los problemas que enfrenta la entidad, especialmente al asegurar la cohesión de su estructura interna antes de que arrecien las pugnas sucesorias.
A nivel municipal, el contraste en las estrategias ha sido el tema central. En Tijuana, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz ha optado por una presencia territorial agresiva, buscando legitimarse rápidamente ante sectores críticos mediante el anuncio de infraestructura necesaria, como los puentes peatonales en zonas de alta presión social. Por el contrario, en Tecate, la administración de Román Cota Muñoz ha tenido que navegar entre la gestión de su imagen y las críticas por su ausencia física durante periodos de sensibilidad local. Esta disparidad subraya una realidad innegable: en la política actual de la frontera, la cercanía con el ciudadano es un activo tan valioso como el presupuesto mismo.
Desde el Poder Ejecutivo estatal, figuras como Mónica Vega Aguirre han tomado un rol protagónico, convirtiendo el suministro de agua y el saneamiento en el principal «caballo de batalla» operativo de la gestión. Al mismo tiempo, el secretario de gobierno, Catalino Zavala Márquez, ha tenido que actuar como el principal escudo político frente a los señalamientos externos, tratando de neutralizar cualquier narrativa de inestabilidad. Al posicionar estos temas técnicos y de bienestar como la prioridad del gabinete, la administración estatal intenta elevar el debate por encima de las rencillas partidistas, buscando una validación basada en la solución de problemas históricos.
Sin embargo, el clima político no ha estado exento de tensiones. La oposición, liderada por figuras como Lizbeth Mata Lozano desde la dirigencia del PAN, ha mantenido un papel de vigilancia constante, señalando los flancos que considera vulnerables, especialmente en temas de transparencia y la calidad educativa frente a cambios en el calendario escolar. Por su parte, en el legislativo, el diputado Jaime Cantón Rocha ha buscado liderar agendas de alta sensibilidad social, como el acceso a la vivienda, posicionándose como un interlocutor para las juventudes ante la gentrificación. Este estire y afloje entre la narrativa de logros sociales y las críticas de la oposición marca el ritmo de una semana donde la defensa de la reputación institucional fue prioridad.
En medio de esta dinámica, la figura de Jesús Alejandro Ruiz Uribe ha mantenido una presencia relevante mediante posicionamientos críticos frente al sistema judicial. Ruiz Uribe ha llevado al debate público la urgente necesidad de reformar las leyes de patria protestad, instando a que el interés superior del menor prevalezca sobre formalismos legales o perspectivas de género que, a su juicio, han fallado en proteger a la infancia en casos de custodia. Al enfocarse en la prevención de la violencia familiar y la evaluación de la capacidad parental, el exdelegado ha instalado una veta de análisis que trasciende lo político-electoral para centrarse en la seguridad social y humana.
Finalmente, la semana cierra con un ojo puesto en la economía y el medio ambiente, donde expertos como Alfonso Cortez Lara, director del Colef, advierten sobre la crítica situación de la cuenca del Río Colorado y las futuras reducciones de agua para el estado. Estos factores terminan por dictar la agenda política real, forzando al gobierno y al sector privado a una coordinación estrecha. La política bajacaliforniana se muestra hoy como un sistema complejo que depende de la capacidad de sus actores para responder ante un entorno federal e internacional exigente, donde la eficiencia parece ser la única moneda de cambio aceptada por los ciudadanos.