La agenda legislativa del Congreso de Baja California registró durante la primera semana de mayo una combinación de reformas penales, exhortos sociales, fiscalización pública y debates sobre protección infantil, aunque una de las propuestas que más discusión generó fue el exhorto impulsado por el diputado Juan Manuel Molina García para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en fiestas infantiles, tema que abrió un debate sobre los límites entre prevención social y sobrerregulación gubernamental.
En sesión de la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, fueron aprobadas diversas reformas al Código Penal y al Código Civil del Estado. Entre ellas destacó la iniciativa promovida por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez para precisar jurídicamente la figura de dolo eventual e incorporar los tipos penales de homicidio y lesiones bajo esta modalidad. También avanzó la propuesta de la diputada Michel Sánchez Allende para eliminar elementos sexistas en el cumplimiento de obligaciones alimentarias y garantizar su aplicación retroactiva.
De igual forma, diputadas como Michelle Tejeda Medina y Adriana Padilla Mendoza impulsaron modificaciones para agravar penas por homicidio y lesiones cuando las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad, además de considerar premeditación cuando exista atropello o colisión intencional con vehículo automotor, endureciendo así el marco penal estatal.
Sin embargo, el tema que más polarización provocó fue el exhorto del diputado Juan Manuel Molina García tras el fallecimiento de un menor en Mexicali. El legislador llamó a los siete ayuntamientos de Baja California a reforzar reglamentos para restringir el consumo de alcohol en fiestas infantiles y pidió a Fiscalía y Poder Judicial actuar con sensibilidad y firmeza en el caso. Aunque la propuesta encontró respaldo entre sectores ciudadanos que demandan mayor protección a la niñez, también comenzó a recibir críticas por considerar que traslada al ámbito privado facultades de supervisión difíciles de aplicar sin caer en excesos o discrecionalidad.
Parte de los cuestionamientos señalan que la medida podría derivar en intentos de vigilancia sobre reuniones familiares sin resolver el problema de fondo relacionado con negligencia, consumo problemático de alcohol y ausencia de políticas preventivas permanentes. Otras voces acusaron que el exhorto tiene una fuerte carga reactiva y mediática derivada del impacto social del caso ocurrido en Mexicali, más que una estrategia integral de protección infantil. Incluso surgieron dudas sobre la capacidad real de los municipios para inspeccionar o sancionar convivencias privadas sin abrir espacios a abusos reglamentarios o conflictos vecinales.
La actividad legislativa de la semana también incluyó temas ambientales y de control del gasto público. La diputada Maythé Méndez Vélez promovió un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente inspeccione posibles riesgos de contaminación en el antiguo centro de transferencia de basura de Tecate, mientras la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, presidida por Alejandra Ang Hernández, avanzó en la revisión de cuentas públicas 2024 y determinó como no aprobatoria la cuenta del Instituto Municipal de la Juventud de Tecate por diversas irregularidades administrativas detectadas durante auditorías estatales.