Durante 2025, la Delegación de Programas para el Bienestar en Baja California, encabezada por Jesús Alejandro Ruiz Uribe, consolidó una política social centrada en la atención directa a la población y la ampliación de derechos sociales. A lo largo del año, más de 800 mil personas fueron incorporadas a programas federales que incluyeron pensiones, apoyos económicos, acciones de vivienda y esquemas de atención a personas con discapacidad, lo que representó un avance sustantivo en la reducción de brechas de desigualdad en la entidad.
Uno de los principales resultados de esta estrategia fue la entrega de apoyos bimestrales a 241 mil 917 adultos mayores y personas con discapacidad, garantizando un ingreso básico para sectores históricamente vulnerables. A ello se sumó la implementación de censos casa por casa, una metodología que permitió identificar necesidades específicas y facilitar el acceso a programas sociales, particularmente en zonas con altos niveles de marginación.
En materia de vivienda, la delegación coordinó la entrega de 20 casas nuevas a familias afectadas por deslaves en colonias de Tijuana como Camino Verde, Sánchez Taboada y Cumbres del Rubí. Estas acciones evidenciaron la capacidad de respuesta del gobierno federal ante emergencias sociales y naturales, con un enfoque orientado a la reconstrucción del patrimonio familiar y a la justicia social.
La estrategia integral también contempló la realización de las denominadas Jornadas de Paz, que acercaron servicios de salud, prevención de adicciones, atención jurídica y programas educativos a comunidades vulnerables. Este modelo de intervención social priorizó la prevención del delito y la reconstrucción del tejido comunitario mediante la presencia institucional directa en los territorios.
En el ámbito de atención a pueblos originarios, Ruiz Uribe gestionó recursos del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), permitiendo que las propias comunidades definieran obras prioritarias como caminos, sistemas de agua potable y electrificación. Con ello, se fortaleció la participación comunitaria y se avanzó en la inclusión de sectores históricamente rezagados del desarrollo regional.
Otro de los ejes relevantes fue el programa “Salud Casa por Casa”, mediante el cual se brindó atención médica y entrega de medicamentos directamente en los hogares. Esta iniciativa, alineada con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum, amplió la cobertura de salud pública y mostró la articulación posible entre política social y atención médica para reducir condiciones de marginación.
En el plano de la seguridad y la cohesión social, Ruiz Uribe participó en distintos foros ciudadanos, entre ellos el Comité de Seguridad Pública de Tijuana, donde subrayó la relación entre el combate a la pobreza y la disminución de factores de riesgo social. De acuerdo con su postura, el fortalecimiento de la política social incide de manera indirecta pero sostenida en la mejora de las condiciones de seguridad.
Con ello, 2025 marcó el cierre de una etapa administrativa encabezada por Jesús Alejandro Ruiz Uribe al frente de la Delegación de Programas para el Bienestar en Baja California. A lo largo de su gestión, se consolidó una política social basada en la atención territorial, la ampliación de la cobertura de programas federales y la coordinación interinstitucional, con resultados tangibles en materia de ingresos básicos, vivienda, salud comunitaria e inclusión social. El balance general de este periodo refleja una administración que logró fortalecer la operación de los Programas del Bienestar y su impacto directo en la población bajacaliforniana.