El Congreso del Estado de Baja California atraviesa una etapa de intensa actividad legislativa y posicionamientos clave en distintos frentes. Desde propuestas que buscan endurecer sanciones viales hasta la aprobación de recursos para fortalecer el sistema de justicia laboral, pasando por debates sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y el respaldo político a la mandataria estatal, la agenda del Legislativo se encuentra más activa que nunca.
Uno de los temas que ha generado mayor interés público es el exhorto del Congreso para que se lleve a cabo una auditoría especial a la Dirección de Bienestar Social Municipal (BISOM), a raíz de movimientos financieros irregulares por cerca de 400 mil pesos. La petición, impulsada por la diputada Alejandrina Corral, subraya la necesidad de garantizar un uso adecuado de los recursos públicos y de prevenir actos de corrupción dentro de la administración municipal. La legisladora enfatizó que, si bien el director implicado presentó su renuncia, ello no basta para dar por concluido el asunto.
La investigación debe profundizar en los controles internos de BISOM, identificar posibles fallas y establecer responsabilidades para asegurar la legalidad en la gestión del gasto público municipal. Se pide al Síndico Procurador actuar conforme a sus facultades legales, supervisando con rigor los actos de los funcionarios. En paralelo, la bancada de Morena en el Congreso estatal alzó la voz para respaldar firmemente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, frente a los señalamientos y campañas de desprestigio que consideran infundadas.
El diputado Juan Manuel Molina, coordinador del grupo parlamentario, destacó los avances logrados por la adminstración estatal en seguridad y combate a la pobreza. Molina García recalcó que la mandataria ha sido un ejemplo de liderazgo a nivel nacional, incluso encabezando protestas institucionales en defensa de la soberanía mexicana. Asimismo, pidió no caer en narrativas malintencionadas promovidas por la oposición, a las que calificó como estrategias para desestabilizar políticamente al gobierno estatal.
Por otro lado, en materia de justicia laboral, el Congreso aprobó una ampliación presupuestal para el Poder Judicial del Estado, con el fin de operar y fortalecer los tribunales laborales. Con recursos obtenidos de remanentes fiscales, se busca ampliar la cobertura en zonas como Tecate y San Quintín, además de reducir la carga de trabajo en ciudades como Tijuana y Mexicali mediante la creación de nuevas salas de audiencias.