Febrero de 2026 dejó a la XXV Legislatura del Congreso de Baja California con una agenda claramente definida en materia de derechos laborales, asistencia social, seguridad preventiva y protección de las mujeres. Las resoluciones aprobadas en Pleno y comisiones no solo modifican disposiciones normativas, sino que delinean una ruta política que busca ampliar garantías y reforzar la intervención institucional frente a problemáticas estructurales.
La decisión de mayor alcance fue el aval a la minuta enviada por el Congreso de la Unión para reformar el Artículo 123 constitucional y reducir de manera gradual la jornada laboral a 40 horas semanales hacia 2030. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla ajustes progresivos a partir de 2026, establece un límite de doce horas extraordinarias por semana —pagadas al doble o al triple si se rebasan los topes— y refuerza la prohibición de que menores de edad realicen trabajo adicional fuera de la jornada ordinaria.
La Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen conforme al procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución federal, que obliga a la validación de las legislaturas estatales para concretar reformas de esta naturaleza. Con su aprobación, Baja California se integró al proceso nacional orientado a actualizar el modelo laboral bajo parámetros de equilibrio entre productividad y bienestar.
Otro eje de la agenda legislativa se centró en la niñez en situación de orfandad. La Comisión de Bienestar dictaminó favorablemente la iniciativa de la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas para incorporar de manera expresa a este sector en la Ley de Asistencia Social del Estado. Bajo la conducción de Michell Tejeda, se estableció la obligación de brindar atención prioritaria a menores que han perdido a uno o ambos progenitores y carecen de redes familiares funcionales, garantizando cobertura en alimentación, educación, salud y acompañamiento psicológico.
En el terreno de la seguridad pública, el Pleno aprobó por unanimidad la creación de Consejos Municipales para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, iniciativa promovida por el diputado Jorge Ramos Hernández. Estos órganos colegiados, integrados mayoritariamente por ciudadanía, deberán ser presididos sin delegación por alcaldes y alcaldesas, quienes asumirán responsabilidad directa en la conducción de estrategias preventivas, definición de metas e indicadores, así como en la evaluación de recursos destinados a este rubro.
La Comisión de Igualdad de Género, encabezada por la diputada Michel Sánchez Allende, avanzó en reformas orientadas a precisar el concepto de violencia económica, reconocer con mayor claridad la violencia en el noviazgo y establecer capacitación obligatoria con perspectiva de género para personal del servicio público. A estas medidas se suman la convocatoria al Muro de Honor de las Mujeres Destacadas y la organización de un foro sobre el Sistema Nacional de Cuidados bajo formato de Parlamento Abierto.
El balance del periodo muestra una legislatura activa en la actualización del marco jurídico estatal y en su alineación con procesos federales. No obstante, el verdadero alcance de estas reformas dependerá de su implementación efectiva, la asignación presupuestal correspondiente y la capacidad de coordinación entre niveles de gobierno. La dimensión normativa ya quedó trazada; el reto ahora será convertirla en resultados medibles para la población bajacaliforniana.