En un movimiento clave para la estructura política de Baja California, el diputado Juan Manuel Molina García presentó la iniciativa de armonización constitucional derivada del «Plan B» federal. Esta propuesta busca transformar la operación de los Ayuntamientos al integrar principios de paridad de género y establecer un límite de hasta 15 regidurías. El objetivo central es optimizar el gasto gubernamental, bajo la premisa de que los recursos destinados a burocracia excesiva deben redirigirse a servicios básicos y seguridad para las familias bajacalifornianas.
La reforma no solo toca a los municipios, sino que impone una disciplina financiera estricta al propio Poder Legislativo, estableciendo que su presupuesto no podrá exceder el 0.70% del total estatal. Además, se plantean topes salariales para consejeros y magistrados electorales, eliminando privilegios como seguros privados y pensiones especiales. Con esto, la Legislatura busca blindar el erario contra el dispendio y asegurar que el servicio público se ejerza con la austeridad republicana que demanda el contexto actual.
De forma paralela a estos ajustes administrativos, la protección del patrimonio regional ocupó un lugar prioritario en la tribuna. La diputada Tere Ruiz denunció las afectaciones graves al Cerro Cuchumá en Tecate, donde las detonaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos para la ampliación del muro fronterizo han dañado vestigios arqueológicos y fragmentado corredores biológicos. Ante esta situación, el Congreso del Estado emitió un exhorto unánime para que la SEMARNAT, el INAH y el INPI intervengan de inmediato ante las autoridades estadounidenses.
Este contraste en la agenda legislativa, que transita de la eficiencia gubernamental al rescate cultural, se complementó con otras acciones de relevancia social. Mientras se busca proteger el sitio sagrado Kumiai y reducir el costo de la política, los legisladores también respaldaron reformas contra el feminicidio y la violencia digital con inteligencia artificial. Así, la XXV Legislatura cierra una jornada marcando una ruta clara: el fortalecimiento de las instituciones mediante la austeridad, sin descuidar la protección de la integridad de las mujeres y la herencia histórica de Baja California.