Entre el rigor de la fiscalización y la búsqueda de un estado más eficiente, el Congreso de Baja California marcó esta semana una hoja de ruta que pone bajo la lupa desde el desempeño de las autoridades en derechos humanos hasta el ahorro de cada peso del erario. Con un enfoque que conecta la rendición de cuentas con la mejora del entorno urbano, la actual legislatura busca transitar hacia un modelo de gestión pública más transparente y cercano a las necesidades de la ciudadanía.
En el corazón de este ejercicio, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) analizó el informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC). El titular del organismo, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, destacó un repunte sin precedentes del 129% en las acciones de defensa de los derechos de las mujeres. Ante los cuestionamientos de las diputadas y diputados sobre la violencia institucional en la Fiscalía y el apoyo a los colectivos de búsqueda, la Comisión reportó más de 35 acciones de búsqueda en campo y un seguimiento puntual a las quejas en centros penitenciarios, reafirmando el compromiso de acompañar a las víctimas en todo el estado.
Por otro lado, la recuperación de la paz social recibió un impulso clave a través de una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda estatal. El diputado Fidel Mogollón Pérez planteó exentar del impuesto sobre nómina a las asociaciones civiles que inviertan al menos el 80% de sus recursos en rescatar parques y unidades deportivas. Esta estrategia busca que los recursos ciudadanos se queden en la comunidad, transformándose en luminarias, limpieza y áreas verdes que sirvan como barrera natural contra la delincuencia en las zonas con mayor crecimiento urbano de la entidad.
La jornada concluyó con un compromiso firme hacia la disciplina financiera: la Comisión de Administración y Finanzas, presidida por el diputado Jaime Cantón Rocha, dio luz verde a un Plan de Austeridad que rescatará más de 50 millones de pesos para el ejercicio 2026. Bajo la premisa de que la eficiencia institucional no debe comprometer la estabilidad de los trabajadores, este ajuste presupuestal permitirá que el Congreso cumpla con los topes de gasto federales, asegurando que el ahorro se traduzca en una administración más ordenada y orientada a resultados directos para la población bajacaliforniana.