La agenda parlamentaria de la XXV Legislatura durante la semana del 23 al 29 de marzo de 2026 estuvo marcada por un firme avance en la agenda de bienestar social y protección animal. Los diputados aprobaron por unanimidad diversas reformas al Código Penal del Estado con el fin de endurecer las sanciones contra el maltrato y la crueldad animal. Esta medida no solo busca castigar actos de violencia directa, sino que establece protocolos más estrictos de denuncia y seguimiento, reconociendo la estrecha relación entre la violencia hacia los animales y la descomposición del tejido social.
En el ámbito de la justicia administrativa y fiscal, destacó la presentación de una iniciativa para la creación de la Defensoría del Contribuyente de Baja California. Esta propuesta tiene como objetivo principal equilibrar la relación entre el ciudadano y el fisco estatal, ofreciendo asesoría gratuita y representación legal a quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados por actos de las autoridades recaudadoras. Con esta figura, se pretende dotar de mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de cobro de impuestos y derechos en la entidad.
El jueves 26 de marzo, la sede del Poder Legislativo en Mexicali se convirtió en el epicentro de un intenso debate social tras la manifestación de grupos de jubilados y pensionados pertenecientes a la burocracia y al magisterio. Los inconformes exigieron claridad respecto a las reformas al sistema de pensiones que se analizan en comisiones, manifestando su rechazo a cualquier medida que pretenda aplicar criterios de retroactividad o que ponga en riesgo los beneficios ya adquiridos. La sesión obligó a los legisladores a abrir mesas de diálogo para garantizar que la viabilidad financiera del instituto no se logre a costa de los derechos laborales.
Finalmente, la semana cerró con avances en materia de seguridad ciudadana y austeridad gubernamental. Se dio lectura a una propuesta de Ley de Austeridad y Ahorro que busca optimizar el gasto público en dependencias estatales, reorientando esos recursos hacia programas de infraestructura básica. Asimismo, se discutieron reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, las cuales proponen lineamientos más rigurosos para el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policiales, enfatizando siempre el respeto irrestricto a los derechos humanos durante las detenciones y operativos preventivos en el estado.