Durante la primera quincena de junio, el Congreso del Estado de Baja California llevó a cabo una intensa actividad legislativa que incluyó la aprobación de reformas legales, dictámenes sobre cuentas públicas, iniciativas en materia de igualdad y protección de derechos humanos. Las comisiones legislativas sesionaron para atender temas como la vivienda social, fiscalización, justicia penal, paridad de género en el gabinete estatal y libertad de expresión, marcando avances en la agenda pública estatal.
En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por la diputada Julia González Quiroz, se aprobaron siete dictámenes que buscan aliviar cargas fiscales a sectores vulnerables, como la exención de pagos por trámites de reconocimiento de hijos en Tijuana y construcción de vivienda social en Ensenada. También se autorizó una ampliación presupuestaria para el fideicomiso de jubilados y pensionados de la Fiscalía, y se avanzó en fortalecer las capacidades de auditoría forense del Estado.
Por otra parte, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Angélica Peñaloza, aprobó reformas clave al Código Penal. Entre ellas, se aclaró el rango de punibilidad en casos de robo, se tipificó el daño intencional a neumáticos como delito, y se aumentaron penas por incendios en áreas naturales protegidas. Además, se reformó la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para incluir la violencia patrimonial como una modalidad específica.
En la agenda de derechos civiles, la diputada Alejandrina Corral presentó una iniciativa para incorporar la figura de revocación de mandato del titular del Ejecutivo estatal a la Constitución de Baja California. Señaló que los actuales mecanismos de control no garantizan la rendición de cuentas de los servidores públicos y que esta herramienta fortalecerá la participación ciudadana en un estado con alto dinamismo político como Baja California.
Asimismo, el Pleno del Congreso respaldó de manera unánime un exhorto promovido por la diputada Yohana Gilvaja, que solicita medidas urgentes de protección para la periodista Adela Navarro, directora del semanario ZETA, tras amenazas derivadas de su labor informativa. El exhorto incluye una petición formal a la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación judicial, así como al Gobierno estatal para aplicar mecanismos de protección.
En materia de equidad de género, se aprobó una reforma constitucional para establecer la paridad de género obligatoria en la integración del gabinete estatal. Esta iniciativa fue impulsada por la diputada Michel Sánchez y la gobernadora Marina del Pilar Avila, y contempla su implementación progresiva en un plazo de hasta 180 días tras la publicación del decreto, fortaleciendo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito público.
En cuanto a la fiscalización, el Congreso analizó y votó diversos dictámenes de cuentas públicas. Se declararon como no aprobatorias las cuentas del Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate y del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, entre otras entidades. Estas acciones forman parte del compromiso por mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Finalmente, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público suma un total de 105 dictámenes emitidos. Se reprobaron las cuentas de instituciones como el IMJUVENS y el DIF Tecate, principalmente por irregularidades financieras como la falta de comprobación de pagos, omisión de retenciones fiscales y contratos fuera de norma. Se destacó también a dos entes que obtuvieron calificaciones sobresalientes en sus auditorías.