El Congreso del Estado de Baja California concentró esta semana una agenda legislativa orientada a temas de infraestructura, bienestar social, fiscalización y reformas administrativas que impactan tanto a municipios como a organismos públicos estatales. Diputadas y diputados abordaron iniciativas relacionadas con movilidad, protección infantil, deporte, coordinación fiscal y transparencia gubernamental.
Uno de los temas relevantes fue el exhorto presentado por la diputada Michelle Tejeda para rehabilitar el tramo carretero Algodones–San Luis Río Colorado, en el Valle de Mexicali, debido al deterioro del pavimento y los riesgos que representa para residentes, estudiantes y visitantes de la región fronteriza. La legisladora solicitó acciones inmediatas al secretario estatal de infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, destacando la importancia económica y turística de Los Algodones por su actividad médica y odontológica.
En materia de protección social, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende promovió un exhorto para que el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el DIF estatal informen sobre rezagos en procesos de custodia, convivencias y valoraciones psicológicas, tras el fallecimiento del menor conocido como “Vicentito”. La legisladora sostuvo que el caso evidenció problemas estructurales relacionados con salud mental, precarización de cuidados y falta de redes institucionales de apoyo a las familias.
El Pleno del Congreso también emitió la declaratoria de procedencia para crear el Sistema Estatal de Cuidados, mediante una reforma constitucional impulsada por la diputada Daylín García Ruvalcaba. La modificación reconoce el derecho humano al cuidado y sienta las bases para futuras políticas públicas dirigidas a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, contemplando la expedición de una ley reglamentaria en un plazo de hasta 360 días.
En el ámbito de la fiscalización, la Comisión del Gasto Público encabezada por la diputada Alejandra Ang Hernández continuó con la revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024. Durante las sesiones fueron rechazadas las cuentas de los fideicomisos San Antonio del Mar y “La Bufadora” por incumplimientos administrativos detectados por la Auditoría Superior del Estado, mientras que organismos como el Instituto de Psiquiatría, el Instituto Estatal Electoral y el Centro de Justicia para las Mujeres obtuvieron las máximas evaluaciones cuantitativas.
Asimismo, avanzaron reformas relacionadas con deporte adaptado y prevención de violencia deportiva, impulsadas por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, además de modificaciones constitucionales derivadas del llamado “Plan B” local promovido por los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez, las cuales incluyen reglas de paridad de género, límites presupuestales para el Congreso y regulación salarial de organismos electorales. Durante los trabajos legislativos también se avalaron iniciativas relacionadas con protección animal, industria vitivinícola y reconocimientos a instituciones educativas del estado.
Finalmente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para regular la distribución del excedente del Fondo de Fomento Municipal entre ayuntamientos coordinados con el Estado en materia de impuesto predial. Además, se autorizó la entrega de un predio estatal en Tijuana al IMSS-BIENESTAR para servicios médicos y se avaló que el Instituto de Infraestructura Vial incorpore a su personal al régimen obligatorio del Seguro Social con respaldo financiero del Gobierno del Estado.