En los primeros días de noviembre, el Congreso aprobó una iniciativa para reforzar el control de armas. La propuesta, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, busca que los particulares acrediten el origen y la adquisición legal de las armas al momento de registrarlas. Con ello se pretende combatir el tráfico ilegal y reducir su uso en delitos. El dictamen fue avalado por unanimidad, con 20 votos a favor.
El 12 de noviembre, la Comisión de Justicia aprobó reformas a los Códigos Penal y Civil, así como a la Ley Orgánica del Registro Civil. Entre los cambios destaca la modificación al artículo 325 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de agravar sanciones en ciertos delitos. Estas iniciativas fueron impulsadas por los diputados Juan Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, y recibieron respaldo mayoritario.
El 13 de noviembre, se realizó la comparecencia de la Secretaría de Pesca y Acuacultura ante el Congreso. Los legisladores cuestionaron a la titular sobre temas de seguridad en el sector pesquero y la necesidad de mayores apoyos para pescadores locales. La sesión reflejó la preocupación por fortalecer la economía pesquera y garantizar condiciones seguras para quienes trabajan en esta actividad.
Ese mismo día, el Congreso revisó la política hídrica de SEPROA durante la presentación del cuarto informe. Diputados exigieron el cese de los tandeos de agua en Tijuana, la corrección de los llamados “recibos locos”, mayor suministro en San Quintín y mejoras en infraestructura. También se señaló la falta de paridad en la dependencia, lo que abrió un debate sobre equidad en la administración pública.
El 14 de noviembre, se instalaron las Comisiones Unidas de Fiscalización del Gasto Público y Hacienda y Presupuesto. En esta sesión se aprobó un acuerdo para dar seguimiento a los recursos contratados mediante decretos previos (192, 342, 364 y subsecuentes). La medida busca garantizar transparencia en el uso de fondos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.
Durante esta quincena también se dio continuidad al calendario legislativo de la XXV Legislatura, encabezada por el diputado Jaime Cantón Rocha como presidente de la Mesa Directiva. Aunque la instalación formal ocurrió en agosto, noviembre marcó el cierre del primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, con debates intensos en torno a seguridad, justicia y recursos públicos.
En conjunto, estas actividades muestran un Congreso activo en temas de seguridad pública, justicia penal, gestión de recursos y políticas sectoriales. La primera quincena de noviembre de 2025 estuvo marcada por decisiones que buscan responder a problemas inmediatos de la ciudadanía, como el acceso al agua, la seguridad en comunidades pesqueras y el control de armas, además de reforzar la vigilancia sobre el gasto público.