En una intensa agenda legislativa durante los primeros días de febrero, el Congreso del Estado de Baja California aprobó una serie de reformas y dictámenes que impactan directamente en el acceso al agua en la zona costa, la protección de derechos humanos, la participación ciudadana y la modernización del sector turístico. Las decisiones incluyeron la autorización de deuda pública para inversión productiva, así como modificaciones constitucionales que amplían garantías para niñas, niños, adolescentes y personas desaparecidas.
El tema de mayor alcance financiero fue la aprobación del Dictamen 127, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar financiamiento para proyectos de inversión pública productiva, entre ellos la desaladora de Rosarito, considerada estratégica para garantizar el abasto de agua en Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. La deuda, que podrá contratarse hasta por 30 años con un periodo de gracia de hasta 36 meses, tendrá como fuente de pago un porcentaje del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. Legisladores de Morena subrayaron que no habrá impacto en las tarifas de las comisiones estatales de servicios públicos de Tijuana y Ensenada, compromiso que quedó establecido en el propio decreto.
El financiamiento fue avalado previamente en Comisión de Hacienda con opinión favorable de la Auditoría Superior del Estado, que consideró viable el esquema siempre que se garantice suficiencia presupuestal para el servicio de la deuda y la continuidad de los programas operativos. Además, se estableció que la Secretaría de Hacienda deberá rendir informes semestrales al Congreso, mientras que las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda darán seguimiento puntual a la aplicación de los recursos.
En materia de derechos humanos, el Pleno aprobó elevar a rango constitucional el derecho humano a ser buscado en casos de desaparición forzada o cometida por particulares. La reforma, impulsada por la diputada Alejandrina Corral, establece la obligación del Estado de realizar búsquedas inmediatas, exhaustivas y con perspectiva de género, en concordancia con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, Baja California fortalece su marco jurídico ante una de las problemáticas más sensibles en la entidad.
Asimismo, se aprobó por unanimidad una reforma constitucional para ampliar el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, armonizando la Carta local con la legislación nacional y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Datos oficiales señalan que más de un millón de menores habitan en la entidad, de los cuales una proporción significativa enfrenta condiciones de pobreza, rezago educativo o riesgo de vulneración de derechos, lo que dio sustento a la actualización normativa.
En el ámbito democrático, el Congreso avaló modificaciones a la Constitución estatal y a la Ley de Participación Ciudadana para incorporar como principios rectores la accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género, con el propósito de ampliar el alcance de los mecanismos participativos y eliminar barreras históricas en el ejercicio de los derechos políticos.
Finalmente, la Comisión de Turismo dictaminó una reforma a la Ley de Turismo estatal para exigir que prestadores de servicios cuenten con plataformas digitales seguras y sitios web actualizados. Legisladores coincidieron en que la confianza del visitante —nacional e internacional— depende cada vez más de la calidad y certeza de la información digital, en un estado donde el turismo representa uno de los principales motores económicos.