En un intenso periodo de trabajo legislativo, la XXV Legislatura de Baja California ha aprobado reformas constitucionales, dictaminado cuentas públicas y avalado modificaciones al marco penal y civil del estado. Las comisiones y el Pleno coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco jurídico y garantizar una mayor rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.
Durante la sesión de Pleno, diputadas y diputados locales aprobaron las Minutas enviadas por el Congreso de la Unión en materia de extorsión y Guardia Nacional. La primera busca establecer una Ley General que unifique criterios y sanciones contra la extorsión, delito que impacta gravemente a víctimas, familias y a la economía del país. La segunda reforma permitirá al Senado y a la Comisión Permanente ratificar los nombramientos de jefes superiores de la Guardia Nacional, garantizando un mayor control institucional.
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público revisó diversas cuentas públicas del ejercicio 2023. Si bien avaló las de organismos como DIF Mexicali, DIF Tijuana e INDIVI, determinó no aprobar las de la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento de Ensenada, debido a inconsistencias financieras y administrativas. De igual forma, en otra sesión, la misma comisión no aprobó la cuenta del DIF Ensenada, por observaciones que incluyeron adjudicaciones directas, registros contables deficientes y falta de perspectiva de género en la planeación de programas.
Por su parte, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó reformas al Código Penal y al Código Civil de Baja California. Entre ellas, se incrementan las penas por omisión de auxilio a personas atropelladas en lugares despoblados, se establece la exención de pagos por arrastre y resguardo de vehículos robados y recuperados, y se precisan las condiciones para que cese la obligación de proporcionar alimentos a personas mayores de edad que hayan concluido sus estudios profesionales.
Los dictámenes aprobados reflejan la voluntad del Congreso estatal de atender problemáticas sociales de alto impacto, como los accidentes de tránsito y el robo de vehículos, además de dotar de mayor certeza jurídica a familias en materia alimentaria. También muestran el compromiso de las y los legisladores con la supervisión de recursos públicos, mediante procesos de revisión que buscan transparentar el manejo del erario.
Con este conjunto de resoluciones, la XXV Legislatura de Baja California reafirma su papel como garante del equilibrio democrático: por un lado, fortaleciendo el marco legal frente a delitos y vacíos jurídicos, y por otro, vigilando con rigor la correcta aplicación de los recursos públicos para asegurar que respondan a los intereses de la ciudadanía.