En una serie de decisiones históricas, el Congreso del Estado de Baja California aprobó reformas de gran calado que consolidan avances en inclusión política, transparencia gubernamental y justicia electoral. Estas acciones legislativas reafirman el compromiso de la XXV Legislatura con una democracia más accesible, participativa y representativa, a través de cambios que impactan directamente en los derechos de las personas con discapacidad, la protección de datos personales y la integración del nuevo Poder Judicial electo por voto popular.
En materia de inclusión, las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad una reforma al artículo 139 de la Ley Electoral, con la cual se establece una cuota obligatoria para personas con discapacidad en candidaturas a cargos de elección popular. Esta modificación, presentada por un grupo plural de legisladores, se realizó tras una consulta pública estatal en la que participaron más de mil personas con discapacidad y organizaciones civiles, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exigía una consulta previa, libre y accesible.
El nuevo texto legal tiene como propósito garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la vida política, en concordancia con tratados internacionales y con la Constitución Mexicana. Se reconoce así una deuda histórica con este sector, que pese a contar con normas protectoras, ha sido sistemáticamente excluido del ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
Por otro lado, el Congreso también aprobó una reforma integral en materia de transparencia y protección de datos personales, presentada por el Poder Ejecutivo. Esta modificación abroga el marco legal anterior y da paso a dos nuevas leyes: la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional, y la Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público, ambas alineadas a estándares federales y a los principios del gobierno abierto.
Entre los principales cambios, se crea un nuevo modelo de autoridades garantes, integradas por instancias como Transparencia para el Pueblo —órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción—, así como órganos internos de control en los tres poderes del Estado y en organismos constitucionales autónomos. La reforma también introduce un enfoque de apertura institucional y reutilización de datos públicos, fomentando una mayor participación ciudadana y vigilancia social.
Finalmente, en un hecho sin precedentes, el Congreso celebró la toma de protesta de 24 magistraturas y 148 personas juzgadoras electas por voto popular, junto con dos consejeros de administración del Poder Judicial. Este acto marca un hito democrático en el país, al ser la primera vez que la ciudadanía elige directamente a quienes impartirán justicia en Baja California, fortaleciendo la legitimidad y representatividad del sistema judicial.
Durante la ceremonia, el presidente del Congreso, Jaime Cantón Rocha, destacó que este nuevo modelo judicial responde a la exigencia ciudadana de una justicia más cercana, transparente e imparcial. Con ello, el Poder Legislativo refrenda su papel como garante del Estado de derecho y del equilibrio entre poderes, cerrando filas en torno a un modelo institucional renovado y al servicio de la sociedad bajacaliforniana.