En la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California se aprobaron reformas al Código Penal estatal que abarcan delitos como despojo de inmuebles o aguas, fraude procesal, violencia familiar, robo y compra de autopartes, así como violencia digital contra infancias y adolescencias. Estas modificaciones buscan actualizar las hipótesis legales y reforzar la protección de sectores vulnerables.
La diputada Alejandra María Ang Hernández entregó el segundo Informe de Evaluación del Desempeño a la Auditoría Superior del Estado, consolidando un ejercicio histórico de fiscalización. El documento emitió 22 recomendaciones para fortalecer la planeación estratégica, la gestión administrativa y los procesos de auditoría.
Por su parte, la diputada Julia González presentó una iniciativa de reforma constitucional para normar la asignación de regidurías a candidatos a presidencias municipales que obtengan al menos el tres por ciento de la votación. La propuesta busca fortalecer la legitimidad democrática y garantizar la paridad de género en la integración de ayuntamientos.
La diputada Maythé Méndez Vélez propuso que el Instituto Estatal Electoral de Baja California cuente con un Programa de Resultados Electorales Preliminares propio, con el fin de reducir costos y evitar la contratación de proveedores externos. La iniciativa también exhorta a la UABC a retomar la coordinación para su desarrollo.
En materia de derechos humanos, la diputada Gloria Miramontes presentó una adición a la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, que obliga al Ejecutivo a prever recursos anuales para el funcionamiento de la Comisión Local de Búsqueda. Con ello se busca mejorar la capacidad de respuesta institucional y brindar mayor acompañamiento a las familias.
Estas iniciativas reflejan el compromiso de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California con el fortalecimiento de la justicia, la transparencia electoral y la protección de los derechos humanos, consolidando un marco legal más cercano a las necesidades de la ciudadanía.