Durante 2025, el gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, reforzó políticas de bienestar, inclusión, infraestructura y seguridad social que han generado resultados tangibles en el estado. Entre los avances destacan la reducción histórica de la pobreza, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la ampliación de programas de movilidad segura, el impulso a la paz comunitaria y el apoyo directo a sectores vulnerables, todo ello sin proponer nuevos impuestos para 2026.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila encabezó la instalación del Consejo Estatal de Paz y los Consejos Municipales de Construcción de Paz, en coordinación con la Secretaría de Gobernación Federal. Estos órganos buscan fortalecer el tejido social mediante el diálogo, la colaboración y la atención a las causas de la violencia. En ellos participan autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes religiosos, académicos y de la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la justicia, la convivencia y la confianza comunitaria.
Ávila Olmeda subrayó que la paz “no se impone, se construye”, y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la consolidación de una estrategia integral para la paz. La iniciativa da continuidad al trabajo previo de las Mesas de Paz, orientadas a prevenir conductas de riesgo y fortalecer valores sociales en la población.
En materia social, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman una reducción sin precedentes en los índices de pobreza. Entre 2021 y 2024, 478 mil personas salieron de esa condición, y la pobreza extrema cayó de 1.5% a 0.4%, el nivel más bajo en la historia reciente del estado. El coeficiente de Gini —que mide la desigualdad— se redujo de 0.421 a 0.345, posicionando a Baja California entre las entidades con menor brecha social del país.
El éxito de esta transformación se atribuye a programas de becas, alimentación escolar y transporte gratuito, que benefician a 600 mil estudiantes. Tan solo entre 2022 y 2025 se destinaron más de 12 mil 992 millones de pesos a programas sociales, lo que ha fortalecido los ingresos familiares y garantizado derechos fundamentales. Estos resultados colocan a Baja California entre las cinco entidades más prósperas de México.
En el ámbito educativo, la administración estatal destinó más de 88 millones de pesos para fortalecer la educación inclusiva, indígena, especial y migrante. Actualmente, 16 mil estudiantes indígenas, 24 mil con discapacidad y más de 21 mil migrantes reciben atención en programas adaptados a sus necesidades. La secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez, destacó que 704 docentes bilingües y más de 1,600 maestros especializados participan en este esfuerzo de justicia social.
Como parte de las acciones para promover la movilidad segura, la ruta del “Transporte Violeta” en Playas de Rosarito fue ampliada para beneficiar a más de 10 mil mujeres y estudiantes. Esta medida reduce tiempos y costos de traslado, conectando colonias y servicios esenciales. El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) aseguró que el proyecto forma parte de una política integral de transporte inclusivo en todo el estado.
En apoyo a los adultos mayores, el gobierno estatal inició la entrega del segundo cheque bimestral de 2 mil 600 pesos para personas de 60 a 64 años, en los siete municipios de la entidad. Este programa, coordinado con la Secretaría de Bienestar, busca mejorar la calidad de vida de un sector considerado prioritario por la administración actual.
En el plano económico, la mandataria anunció que el proyecto de presupuesto estatal 2026 no contempla nuevos impuestos. La estrategia financiera se enfocará en consolidar los programas sociales y mantener la inversión en infraestructura de alto impacto, como puentes y desniveles, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos. “Privilegiaremos el bienestar sin afectar la economía familiar”, afirmó Ávila Olmeda, al reiterar que la transformación en Baja California continuará sin incrementar la carga fiscal.