En dos semanas de amplia actividad legislativa, el Congreso del Estado de Baja California aprobó y discutió diversas reformas y puntos de acuerdo orientados a fortalecer la transparencia institucional, la justicia penal y civil, así como la participación ciudadana en los procesos públicos. Las sesiones plenarias y de comisión abordaron temas que van desde el combate al fraude procesal hasta la creación de la Policía Cibernética y la revisión de cuentas públicas municipales.
La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a transparentar el uso del procedimiento abreviado en los últimos cinco años, ante el incremento de esta figura en delitos de alto impacto. La legisladora advirtió que la aplicación indiscriminada de esta modalidad puede generar inconformidad entre las víctimas y debilitar el sistema acusatorio. El punto de acuerdo solicita un informe detallado sobre las sentencias dictadas mediante juicio abreviado, su clasificación por tipo de delito y los registros de atención ciudadana.
En el ámbito civil, el Congreso aprobó la incorporación del divorcio incausado al Código Civil de Baja California, una propuesta impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez. La reforma al artículo 263 reconoce el derecho de las personas a disolver el matrimonio sin expresar causa, lo que representa un avance hacia procedimientos más ágiles, menos costosos y acordes con los derechos civiles contemporáneos. La medida moderniza el marco legal familiar y otorga certeza jurídica a una figura ya reconocida jurisprudencialmente.
En materia penal, las y los legisladores aprobaron la inhabilitación de hasta cinco años para abogados que cometan fraude procesal, con base en iniciativas de los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez. La modificación al artículo 325 del Código Penal busca proteger el patrimonio de las familias bajacalifornianas y fortalecer el combate a las maniobras jurídicas fraudulentas, estableciendo además penas de prisión de uno a seis años para quienes incurran en esta conducta.
Por su parte, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, presidida por Jorge Ramos Hernández, aprobó tres proyectos clave: la reincorporación de policías en Rosarito, la propuesta de control sobre armas de fuego y la creación de una Policía Cibernética estatal. Esta última iniciativa, presentada por la diputada Yohana Gilvaja, pretende prevenir delitos digitales y fortalecer las capacidades del Centro Estatal de Inteligencia Preventiva.
En el ámbito de participación ciudadana, la diputada María Yolanda (Mayola) Gaona Medina, presidenta de la Comisión del ramo, encabezó los foros de revisión y actualización de la Ley de Participación Ciudadana, realizados en Tijuana y Mexicali. Los encuentros reunieron a legisladores, académicos, asociaciones civiles y jóvenes, quienes presentaron propuestas sobre Parlamento Abierto, Presupuesto Participativo y Gobernanza Digital. Las aportaciones serán analizadas en mesas técnicas durante noviembre para su posible conversión en iniciativa ciudadana.
En materia de fiscalización, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, presidida por Alejandra Ang Hernández, rechazó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tecate correspondiente al ejercicio 2023, tras detectar irregularidades significativas. Entre las observaciones destacan inconsistencias en el cobro del impuesto predial, permisos irregulares para venta de alcohol, omisiones en pagos al ISSSTECALI y adjudicaciones directas de bienes y servicios. En contraste, se aprobaron las cuentas del Poder Ejecutivo, Legislativo y diversos fideicomisos estatales.
Con estas acciones, el Congreso del Estado de Baja California reafirma su compromiso con un marco jurídico más transparente, participativo y apegado a derecho. Las reformas y acuerdos aprobados durante octubre reflejan una agenda legislativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana, combatir la impunidad y promover una justicia más cercana a las necesidades sociales.