En una intensa jornada legislativa, el Congreso de Baja California avanzó en distintos frentes con decisiones que fortalecen los mecanismos de participación democrática, fiscalización del gasto público y protección de la integridad ciudadana. Desde la aprobación de la revocación de mandato hasta reformas penales contra la negligencia animal, la agenda de la XXV Legislatura se ha centrado en responder a demandas sociales con acciones concretas.
Uno de los logros más destacados fue la aprobación unánime para incluir la revocación de mandato en la Constitución local. Esta figura permitirá a la ciudadanía solicitar la remoción del titular del Poder Ejecutivo estatal si considera insatisfactorio su desempeño, mediante una votación popular organizada por el Instituto Estatal Electoral. La iniciativa detalla condiciones y tiempos precisos para su ejecución, garantizando su viabilidad jurídica sin interferir con otros procesos electorales.
La reforma prohíbe el uso de recursos públicos en la promoción del ejercicio, limita la propaganda gubernamental y responsabiliza al Congreso de emitir la ley reglamentaria correspondiente. La coincidencia entre varias iniciativas legislativas permitió un diseño claro y estructurado del nuevo derecho ciudadano, fortaleciendo así el marco legal del estado. Se trata de un paso firme hacia una gobernanza más participativa y transparente.
En esa misma línea de rendición de cuentas, la Fiscal General del Estado compareció ante el Congreso para responder cuestionamientos en materia de seguridad, operación del C5, violencia de género y combate a la corrupción. Las diputadas y diputados abordaron desde la protección de víctimas hasta la eficiencia del 911, pasando por el rezago en carpetas de investigación y el manejo de recursos humanos y tecnológicos de la Fiscalía.
Los legisladores también expresaron preocupaciones sobre los retos operativos del sistema de seguridad pública, incluyendo la actualización de bases de datos de personas desaparecidas y las condiciones laborales del personal ministerial. La comparecencia evidenció un esfuerzo institucional por transparentar la función de la Fiscalía y atender los señalamientos ciudadanos en temas sensibles para la sociedad bajacaliforniana.
Por otro lado, se presentaron y votaron los dictámenes de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023. Si bien algunos entes obtuvieron aprobación, como varios institutos municipales y fideicomisos estatales, se reprobó la cuenta del Ayuntamiento de Tijuana y de la Promotora del Desarrollo Urbano de Rosarito, por graves inconsistencias administrativas. Las observaciones van desde omisiones fiscales hasta irregularidades en contrataciones y subsidios.
A la par de estas revisiones, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal que impone sanciones a propietarios negligentes de animales que causen daño a terceros. La modificación legal responde a un caso reciente que conmocionó a la entidad y busca cerrar vacíos normativos. Se establecen penas de prisión para quienes, por omisión, permitan agresiones fatales o lesivas por parte de animales bajo su custodia.
En conjunto, las acciones legislativas recientes en Baja California muestran un Congreso activo y receptivo ante problemáticas ciudadanas. Al promover figuras como la revocación de mandato, exigir cuentas a las instituciones de seguridad y aplicar reformas penales de alto impacto social, se dibuja una ruta clara hacia un estado con mayor control democrático, transparencia institucional y protección jurídica para sus habitantes.